El presidencialismo latinoamericano

Sobre finales de este año y durante todo el 2010 muchos de los países sudamericanos estarán renovando sus principales gobernantes. En lo que resta del 2009, los partidos oficialistas de Uruguay, Bolivia y Chile deberán enfrentarse ante las urnas. El único de ellos que buscará una reelección, fruto de una reforma constitucional, es Evo Morales, líder del partido “MAS” (Movimiento al Socialismo). En Uruguay, la fórmula Mujica-Astori intentará lograr un segundo gobierno del Frente Amplio, mientras que la Concertación chilena, liderada por Eduardo Frei, deberá dar vuelta las encuestas que dan como probable su derrota frente al derechista Sebastián Piñera. Para el próximo año, dos grandes países del subcontinente tendrán elecciones presidenciales: Brasil y Colombia. Ambos países poseen características en común en relación a las futuras elecciones. Los dos mandatarios tienen altos niveles de popularidad, que se podrían catalogar de históricos, además coinciden en que ambos finalizan su segundo mandato consecutivo. La única diferencia, hasta el momento, radica en que el presidente colombiano Uribe se podrá volver a presentar y obtener un tercer mandato; Lula no.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones brasileras de octubre de 2002 con un 61% de los sufragios. Llegó al gobierno siendo reconocido como un dirigente sindical y un obrero de la metalúrgica sin diplomas universitarios. Pese a los malos augurios previos a su asunción y el temor que tuvieron los empresarios, principalmente en Sao Pablo, Lula llevó adelante un gran gobierno. Sin lugar a dudas, sus planes sociales y el hecho de sacar a millones de brasileros de la pobreza (a través del plan Bolsa Familia) será un icono por el cual será recordado. Finalizó su primer mandato luego de haber aplicado una estrategia económica creíble y una política exterior que depositó a Brasil entre los grandes del mundo. En 2006, una cifra superior a 55 millones de personas lo votó en segunda vuelta y le permitió ser, nuevamente, el presidente de los brasileros. Con un cambio de votantes, adquiriendo sufragios de los estratos más bajos y perdiendo confianza en las clases altas, Lula logró conservar el poder pero sólo podrá ostentarlo hasta fines de 2010. El famoso partido del mandatario (Partido dos Trabalhadores) no las tiene fácil para ganar las próximas elecciones. La candidata de Lula, Dilma Rousseff, no posee hasta el momento, gran popularidad. Las encuestas de opinión pública sitúan a José Serra a la cabeza y no sería de extrañar que el PSDB, partido del ex presidente Fernando Enrique Cardozo, obtenga una victoria. Sería increíble que un gobernante con niveles históricos de popularidad como Lula no pueda dejar a su partido en el gobierno, sin embargo éstas son las reglas de la democracia.

Álvaro Uribe, ex integrante del Partido Liberal de Colombia, accedió al poder en la primera vuelta de las elecciones de 2002 con el 53% de los votos. El mismo día de su asunción, un golpe de las FARC (a escasos metros de donde se celebraba el traspaso) marcaba la pauta de lo que serían los futuros cinco años de su gobierno: una lucha firme frente a la guerrilla con más poder en América del Sur. Sin lugar a dudas los números avalan las políticas de seguridad nacional y fortalecimiento democrático que llevó acabo el mandatario colombiano. El apego a los Estados Unidos, de la mano del famoso Plan Colombia, fue otra de las características de su gobierno que mantuvo una política económica liberal y sin grandes espacios para las políticas sociales. A diferencia de Brasil, Uribe debió promover una reforma constitucional para poder presentarse nuevamente como candidato, siendo una votación parlamentaria muy recordada debido a que existieron cambios a último momento en el apoyo de algunos representantes. La victoria con un 62% de los votos (la votación más alta en la historia de Colombia) marca un hito en las elecciones sudamericanas; sin embargo, también debemos destacar que participó un 45% de la población habilitada. El segundo gobierno de Uribe también ha tenido como centro a las FARC y el combate al narcotráfico. Ha sido un gobierno típicamente conservador y de derecha, si consideramos el ajuste de gastos, la defensa de los valores familiares, las privatizaciones y otras políticas implementadas. Sus choques con su vecino Hugo Chávez y la decisión de “prestarle” ciertas bases militares a tropas norteamericanas muestran a las claras su orientación de política exterior. En mayo de 2010 se celebraran las elecciones presidenciales, allí los principales partidos (Partido Liberal, Conservador y el Polo Democrático Alternativo) disputarán el futuro gobernante. La novedad es que en los últimos días se ha promulgado una ley que permite convocar a un referéndum para preguntarle a la población si autoriza un tercer mandato consecutivo. Debido a los grandes números de popularidad que posee, es el propio presidente Uribe quién decidirá si vuelve o no a ser presidente.

La reelección no es nueva en Latinoamérica, los gobiernos populistas de mediados de siglo XX, como los de Vargas en Brasil, Perón en Argentina y Cárdenas en México, son algunos ejemplos de mandatarios que se han perpetuado en el poder. Muchos académicos han señalado un cierto paralelismo entre aquellos gobiernos con los actuales de izquierda radical que sin lugar a dudas, rozan el autoritarismo. Más cercano en el tiempo tenemos el ejemplo de Menem y el tan cuestionado Alberto Fujimori en Perú. Por lo tanto, el tema de la reelección y el fuerte personalismo de los mandatarios es una cuestión de debate permanente y que debe ser analizado de forma profunda. Hay ciertos hechos que debemos remarcar y que atañen a los últimos años de la política latinoamericana. Se puede apreciar que ciertos mandatarios han obtenido un gran apoyo a sus políticas pero no han encontrado que ese apego se traslade hacia su “delfín”. Por lo tanto, antes de dejar el gobierno en manos de sus contrincantes han preferido modificar las reglas y aspirar a la reelección. Esto muestra a las claras el afianzamiento del presidencialismo, patrimonio característico, desde hace más de un siglo, de América Latina. A su vez, también deja entrever el poco peso que los partidos políticos están teniendo y lo poco que se asocia los logros de un gobierno con la fuerza partidaria.

Uribe tendrá, en pocos días, que tomar una decisión que traerá grandes repercusiones, que podrá cambiar la historia de nuestro subcontinente. En el caso de no aceptar una nueva candidatura, teniendo la plena certeza de que sí se presenta obtendrá una victoria (en la última encuesta obtiene un 55% de los votos), será un gran ejemplo para los Chávez, Morales, Correa y otros. En cambio, si aspira a un tercer mandato ingresaría en una lista grande de mandatarios que han ido modificando las reglas de juego para poder seguir en el sillón presidencial, lo que verdaderamente sería una lastima para los que creemos en la alternancia del poder como uno de los aspectos claves de la democracia.

Quién ganó y quién perdió en Bariloche

Como decíamos en el artículo anterior, el viernes 28 de agosto se celebró en Argentina una cumbre extraordinaria de la UNASUR con el objetivo de debatir sobre la presencia militar estadounidense en tierras colombianas. El hecho de que todos los presidentes sudamericanos concurrieran le brindó a la reunión un valor importante ya que dejó en claro la importancia del tema. Sin lugar a dudas las tres posiciones que establecíamos anteriormente a la cumbre se ratificaron en los discursos que cada uno de los presidentes expresó en Bariloche.

El “grupo opositor” al acuerdo Bogota – Washington presentó al presidente boliviano, Evo Morales, como el mandatario con el discurso más duro que insistió, hasta último momento, con incluir en la declaración una condena al acuerdo. En ese sentido, Chávez volvió a apelar a la palabra guerra para sembrar terror sobre la alianza y aprovechó para criticar nuevamente a Estados Unidos por sus planes militares en el continente. El líder ecuatoriano Correa, presidente pro tempore del organismo, pidió explicaciones a Obama y declaró que la presencia militar norteamericana “afecta la estabilidad en la región y constituye un grave peligro para la paz”. Los países que tuvieron una posición moderada fueron Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile; cada uno de ellos puso énfasis en diversos aspectos. Lula pidió invitar al presidente norteamericano para debatir el tema y pedirle garantías de que las tropas no operen fuera de territorio colombiano. Vázquez se manifestó en contra de la presencia militar extranjera pero afirmó respetar la soberanía de los Estados y la no intervención en asuntos internos. Por su parte, Fernando Lugo pidió transparencia a Uribe para conocer de forma detallada el acuerdo y comprender su alcance. Por último, Bachelet manifestó su preocupación por el tema y dio su apoyo a la convocatoria al Consejo de Defensa de la Unasur. Mientras tanto la anfitriona, Cristina Fernandéz, en su afán de presentarse como moderadora de la reunión y obtener cierto protagonismo, manifestó su desacuerdo e incitó a adoptar una doctrina uniforme para evitar decisiones unilaterales que perturben la paz. Alan García, presidente de Perú, solicitó a Uribe la explicación del acuerdo y especificó que si el mismo sólo se limita a territorio colombiano, el tratado no presenta ninguna amenaza para el resto de los países. Recordamos que dentro de Sudamérica, Perú es junto a Colombia los únicos países que poseen gobiernos caracterizados como de derecha y su presidente ha sido, en estos últimos meses, un defensor de la política exterior colombiana.

La declaración final de la cumbre no adoptó una decisión sobre la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, algo que se puede observar como una victoria del presidente Uribe. El texto buscó construir un compromiso mutuo de defensa y de paz, rechazando el uso de la fuerza contra otro Estado. Además, los presidentes acordaron convocar al Consejo de Defensa de Unasur para analizar la estrategia militar norteamericana en la región. Considerando que Brasil y su presidente Lula fue el gran impulsor de este organismo se puede entender como un triunfo la posición brasileña mantenida en la reunión. Entonces cuando nos preguntamos quién ganó y quién perdió el viernes pasado, la respuesta es más que clara. Uribe logró su propósito de no recibir una condena explícita de sus colegas, mientras que Lula se afianza como líder de la región al ser el principal puente de diálogo con Estados Unidos y al ponerle freno a las propuestas radicales de Chávez, Morales y Correa. En definitiva, triunfó la cordura y no los discursos retóricos ni las posiciones radicales, a las que muchos temen o quieren que, aquellos que no están debidamente informados, le teman

Bariloche recibe a la UNASUR

Hace dos semanas atrás, los representantes de los países que componen la Unión de Naciones Sudamericanas se reunieron en la ciudad de Quito. El motivo fue el cambio de la presidencia pro-tempore a la que accedió el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. La reunión estuvo marcada por el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos que permite la presencia militar estadounidense en territorio cafetero. Algunos presidentes latinoamericanos, principalmente los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, se plantaron firmes ante este convenio suscripto entre Bogotá y Washington. Esta situación generó una gira por parte del presidente colombiano, Álvaro Uribe, quién posee una alta popularidad en su país y se encamina a un tercer mandato (en caso de ser aprobada la reforma constitucional). La cumbre de la UNASUR en Quito finalizó con el ofrecimiento de Cristina Fernández de oficiar como anfitriona para una reunión en la cual se discuta este tema polémico y que además cuente con la presencia del mandatario colombiano, quién no asistió a la capital ecuatoriana.

Para comprender la reunión extraordinaria del 28 de agosto debemos entender la realidad política sudamericana y el posicionamiento de los distintos países ante la presencia de tropas norteamericanas en Sudamérica. El primer grupo claramente identificable es el liderado por Hugo Chavéz, presidente de Venezuela, que critica duramente esta alianza y califica a las bases “yanquis” como una declaración de guerra a su revolución bolivariana. Esta visión apocalíptica del tema es respaldada también por Ecuador y el presidente boliviano, Evo Morales. Estos tres mandatarios serán quienes cuestionen de manera más férrea la decisión de Uribe. Un conjunto de tres países, Uruguay, Chile y Brasil, que poseen gobiernos de izquierda moderados, han adoptado una posición de reconocimiento de la soberanía colombiana pero se han manifestado adversos a la presencia de tropas extranjeras en el subcontinente. Cabe resaltar que el presidente brasilero, Lula da Silva, buscando afianzar su liderazgo en la región, fue el impulsor del Consejo Sudamericano de Defensa. En esta ocasión, el mandatario pretende darle al organismo una mayor participación en el análisis de los acuerdos con países fuera de la región. Se puede adherir a este grupo moderado, Argentina y Paraguay, los cuales no se han definido claramente; consideramos muy difícil ubicarlos en el grupo de izquierda radical o moderada ya que sus discursos han ido variando y el acercamiento a uno u otro bloque se produce más por conveniencia que por ideología. El último grupo de países que participará en la cumbre son aquellos que denominamos de derecha, compuesto por el acusado Colombia y el Perú de Alain Garcia, que contaran con el apoyo de Panamá y México que son países observadores de la UNASUR. Sin lugar a dudas, Sudamérica ha quedado partida en tres grupos de países que adoptan distintas posiciones ante un tema tan controvertido.

Con respecto al acuerdo Estados Unidos – Colombia debemos decir que no estamos ante un hecho nuevo, Colombia recibe en el marco del Plan Colombia (combate al narcotráfico y al terrorismo) millones de dólares y ayuda militar por parte del ejército norteamericano. Entonces, ¿Qué es lo nuevo? Si bien Uribe y Obama han explicado que la utilización de las bases son para el mismo propósito, la realidad marca que Estados Unidos, junto a su aliado Colombia, quieren comenzar a mirar más de cerca a un personaje maniático que gobierna Venezuela hace alrededor de diez años. Los contactos que ha tenido Chávez con países como Irán y Rusia han prendido la señal de alerta en Washington que no parece estar dispuesto a aceptar a un enemigo tan cerca de su territorio. En definitiva, en Bariloche se encontrarán tres grupos de países que tendrán que negociar el mantenimiento de la paz que caracteriza al continente desde hace alrededor de treinta años. La misma no parece estar en peligro aunque muchos teman por el discurso retórico que utilizan algunos mandatarios. Sin embargo, no vendría mal abrir los ojos y empezar a seguir más de cerca los movimientos de los distintos gobiernos sudamericanos, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿necesitamos ayuda extranjera para ello?

Señal de alerta para América Latina

La realidad latinoamericana aparece, en este mes de agosto, con conflictos que recuerdan las épocas negras del continente. La difícil salida a un golpe de Estado en Honduras que lleva alrededor de cincuenta días, la conformación de un bloque “bolivariano” cada vez más radical liderado por el presidente venezolano Hugo Chavéz y el establecimiento de bases norteamericanas en territorio colombiano para la lucha contra el narcotráfico son situaciones que deben ser seguidas con atención. A esta realidad continental se le suma un nuevo brote “guerrillero” en territorio peruano.

El grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso, que se funda en la década del 60 como un brazo armado del Partido Comunista, dio su primer golpe en mayo de 1980. A través de ataques armados y coches bomba sacudieron al país durante quince años, dando muerte a alrededor de 70.000 personas según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación peruana. El grupo que tuvo como objetivo lograr una república popular e instaurar un régimen comunista campesino sufrió la detención de su líder y jefe histórico, Abimael Guzmán, en septiembre de 1992. Sin lugar a dudas este grupo que optó por la lucha armada, en un momento de transición democrática, no contó con el apoyo de la población y su influencia comenzó a decaer hasta que su luz pareció apagarse. A fines de la década del noventa grupos minoritarios, que se establecieron en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene, continuaron con operaciones violentas pidiendo amnistía para líderes senderistas. A pesar de ello, se estima que el número de rebeldes que no entregaron las armas, luego de que Guzmán declarará el fin de la revolución, son alrededor de cien combatientes. Su último gran golpe había sido en octubre del año pasado cuando atentaron contra un convoy militar. Desde ese momento fueron pocas las noticias que se difundieron de los “revolucionarios”.

Sin embargo, en los primeros días de agosto se produjo un ataque atribuido a Sendero Luminoso contra una base de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía, en el departamento de Ayacucho, zona selvática al sureste de territorio peruano. Según informaron fuentes policiales un grupo de cincuenta insurgentes emprendieron un ataque con explosivos y armas ligeras contra la base de las fuerzas especiales instalada en dicho lugar para combatir el narcotráfico. La ofensiva que causó cinco muertes, tres policías y dos civiles, muestra a las claras que a pesar de que no haya tenido mucha prensa, el remanente de la guerrilla y su alianza con los grupos de narcotraficantes es un tema que debe ser seguido muy de cerca.

Muchas son las opiniones que se han oído desde tierras peruanas sobre este episodio; el ministro del Interior Octavio Salazar afirmó que la presencia de estos terroristas son una gran amenaza para el país, principalmente por su gran alianza con el narcotráfico, a la que denominan el narcoterrorismo. Mientras tanto, el presidente Alain García propuso un trabajo paciente para erradicar la violencia de estos grupos, bajando el perfil al remarcar que los mismos no constituyen una amenaza para la democracia peruana y que “no configuran ni la décima parte de lo que vivió el país en la década de los 80”. En oposición a ello, el líder nacionalista Ollanta Humala advirtió la posibilidad de una guerra interna en caso de que el gobierno no reestructure las acciones para acabar con los remanentes de la guerrilla.
Todo parece indicar que este grupo derrotado por el gobierno del actualmente condenado Alberto Fujimori no posee la misma fuerza ni el contenido ideológico de quienes hoy golpean nuevamente los territorios peruanos. Sin embargo, las acciones conjuntas con los grupos narcotraficantes tratan de debilitar la acción y el poder policial en la zona selvática. El proyecto político de alcanzar el poder a través de una revolución armada es historia pero la alianza con los narcotraficantes parece recién comenzar. En épocas donde Colombia es duramente cuestionada por la llegada de tropas norteamericanas para combatir e investigar al narcotráfico, sería bueno que el gobierno peruano le ponga rápidamente un freno a estos brotes de insurgencia antes de perder el control y tener que acudir a fuerzas extranjeras. La existencia de un golpe de Estado en Honduras, la propuesta de insertar tropas norteamericanas en Colombia, los brotes guerrilleros en Perú y una cantidad de gobiernos que distan de ser democráticos, debe prender una señal de alerta en los gobiernos “serios” que aún quedan en el continente, de manera evitar aquellas épocas negras.

Nuevo presidente en Panamá: ¿Cambia el mapa político latinoamericano?

Centroamérica vuelve a ser, luego de muchos años, el centro de atención de la comunidad internacional, debido al golpe de estado que los militares dieron en Honduras. Sin embargo este gran episodio no es la única novedad de la región. Días atrás asumió en la República de Panamá un nuevo presidente, Ricardo Martinelli, quién superó en los comicios de mayo a la candidata oficialista Balbina Herrera. El pequeño país de alrededor de tres millones de habitantes, que une al continente americano, tiene desde el 1º de julio un empresario en la cúpula del gobierno y una democracia funcionando a pleno, aspecto digno de destacar en estos tiempos que corren.

El presidente saliente Martín Torrijos del Partido Revolucionario Democrático se encargó, durante los cinco años de su mandato, de llevar adelante un típico gobierno de centro izquierda o socialdemócrata. Los planes sociales, la ayuda a los sectores más necesitados, la lucha contra la indigencia y el desempleo, fueron aspectos que caracterizaron su administración. Además, se combinaron estas políticas con un ordenamiento económico destacado por diversos organismos internacionales, que resaltaron la buena posición de la economía panameña para enfrentar la crisis global. Por otro lado, aspectos relacionados con la seguridad interna, la lucha contra el narcotráfico y el fracaso de las reformas en sectores como la salud y la educación le ponen un signo de interrogación al mandato; las denuncias de corrupción también juegan un rol preponderante a la hora del análisis de los últimos años de gobierno.

En este contexto llega al poder, con el 60% de los votos, el candidato del partido Cambio Democrático, principal figura de la oposición que logró conformar la coalición “Alianza por el Cambio” junto a otros partidos importantes del escenario político panameño, como lo es el Partido Panameñista. Martinelli es un gran empresario, dueño de una de las cadenas más importantes de supermercados del país y accionista de varias de las principales empresas que operan en Panamá. A comienzos de esta década formó parte del gobierno de Mireya Moscoso, encargándose principalmente de los aspectos relacionados al Canal de Panamá. Caracterizado como un personaje de derecha y conservador, Martinelli centró sus principales esfuerzos de campaña en prometer cambios en la educación, la salud y el tan conflictivo problema del transporte público urbano.

La ola de inseguridad es otro de los problemas que hereda el gobierno y que deberá combatir junto a los efectos negativos que puedan llegar fruto de la crisis financiera. Este hombre, que aprovechó la falta de una alternativa convincente de la izquierda oficialista, deberá lidiar con números de pobreza del entorno del treinta por ciento a través de las reformas sustanciales anunciadas (fiscal y del sistema de pensiones). Según dicen los analistas, su gobierno está conformado por muchos empresarios con poca experiencia política, lo que podría dificultar el desempeño de los mismos en un contexto de lucha permanente en el parlamento. Por otro lado, las reuniones con Felipe Calderón y Álvaro Uribe, previas a su asunción, pueden ser una señal del modelo de gobierno que lleve a cabo el nuevo presidente panameño.
En definitiva, Martinelli asume un desafío de cinco años y mantiene funcionando la democracia de este pequeño país centroamericano. Las elecciones limpias y competitivas que se realizaron en mayo le brindan al gobierno una legitimidad importante para comenzar a cambiar el país. Seguramente el presidente electo no tenga en su contra grupos militares que lo quiten de un día para el otro del poder, ni tendrá actitudes populistas como sus colegas de la región.

Lo que no queda dudas y es un fenómeno para ser analizado en profundidad es la victoria que se empieza a producir por parte de gobiernos caracterizados como de derecha, por su énfasis en la mano dura contra la delincuencia. ¿Será este pequeño país centroamericano el primero en dar vuelta el mapa político latinoamericano, sustituyendo a los gobiernos socialdemócratas? En países donde la democracia funciona, como Uruguay y Chile, habrá elecciones a final del año. Sus resultados podrán confirmar o no nuestro pensamiento, por lo que ahora sólo nos queda esperar.

Una mala jugada del kirchnerismo: ¿el principio del fin?

Por Francisco Abelleira

El sistema democrático argentino se ha erosionado sobremanera en estas últimas décadas. Desde la salida de la dictadura, la práctica de la democracia en Argentina ha estado acompañada por vicios perniciosos que la llevaron a un constante deterioro. Especialmente, desde que Néstor Kirchner asumió el poder hasta cuando fue – teóricamente – sucedido por su esposa Cristina Fernández, la democracia argentina se desdibujó completamente. En este contexto plagado de contraposiciones, llegaron las elecciones legislativas del pasado 28 de Junio.
La Constitución marcaba que estas debían realizarse el último domingo de Octubre, pero por razones no muy definidas, Cristina Fernández decidió que las mismas fueran adelantadas en todo el país al 28 de Junio. Comúnmente, estas elecciones persiguen el objetivo de renovar el aparato Legislativo, y a su vez, definir la aprobación con que cuenta el Ejecutivo, pero esta vez había más elementos sobre el tapete que jerarquizaban la elección. El Congreso de la Nación concentra tanto a Diputados como a Senadores, y es el principal órgano legislativo de Argentina. Hasta la fecha de realización de la contienda electoral, y desde que Kirchner llegó al poder en 2003, el oficialismo contaba con mayoría parlamentaria. Si bien estamos refiriéndonos a un sistema tradicionalmente presidencialista, el apoyo de las cámaras es un elemento sumamente influyente a la hora de ejercer el gobierno.
Entretanto, la disputa del poder – por el poder mismo – que se desencadenó en la perimida democracia argentina, hizo que las elecciones del pasado 28 de junio cobraran una importancia inusual para los grandes grupos del espectro político argentino. Entre tantas peculiaridades, un ex presidente se postuló como candidato – “testimonial” – a Diputado por la Provincia de Buenos Aires. El gobierno, tras el gran revés que otrora le había significado los enfrentamientos con el campo, e inmerso en una crisis financiera de carácter internacional, ponía a prueba su gestión en estas elecciones.
Amparado por la fuerte tendencia neopopulista que vienen alimentando ciertos regímenes latinoamericanos, donde la arbitrariedad parece ser la herramienta predilecta, el kirchnerismo – con sus acciones – dejó aflorar la fisonomía plebiscitaria de la democracia argentina. Es decir, el objetivo del oficialismo era lograr un voto de apoyo que le permitiera continuar con una dominación altruista que, en términos weberianos, se esconde bajo la forma de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados, y que sólo se sostiene a costa de ella.
A un lado quedaron los nombres, más atrás todavía las propuestas, y en este entorno tan vago como simplificador una sola pregunta acaparaba la atención: ¿lograría Kirchner el voto de confianza para seguir gobernando a piacere? Esto es muestra fidedigna del cortoplacismo que caracteriza al debate político argentino, y de lo vago e impropio que se ha vuelto el contexto social en el que el primero se desarrolla.
En cuanto a la oposición, la unión entre los partidos “Compromiso para el Cambio” de Mauricio Macri y “Recrear para el Cambio” de Ricardo López Murphy, se fundó Propuesta Republicana: el principal opositor del “Frente para la Victoria”. Con Francisco de Narváez (Unión PRO) y Gabriela Michetti como principales exponentes, esta alianza congregó desde peronistas disidentes a sectores independientes en busca de atenuar el poder del oficialismo.
En los comicios, de Narváez superó por 2.47% al ex presidente Néstor Kirchner logrando el puesto de Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Michetti se impuso con cierta comodidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo el 31.1% de los votos. La sorpresa vino por el lado del representante de “Proyecto Sur” Pino Solanas, que con un 24.2% de los votos se ubicó segundo detrás de Michetti. Inesperadamente, en Santa Cruz – donde se originó el poder político del ex presidente –, la victoria quedó en manos del candidato del partido “Cambiemos para Crecer” Eduardo Costa. Asimismo, se destaca el triunfo de Julio Cobos en Mendoza – que con la victoria impulsó su plan presidencial –, y la reelección de Carlos Reutemann con el 42% de los votos en Santa Fe. Contabilizando la totalidad de las provincias argentinas, el oficialismo obtuvo 34% de los votos, contra 66% de la oposición, que se quedó con la victoria en provincias determinantes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Tras reconocer su derrota, el inefable Néstor Kirchner renunció ipso facto a la presidencia del Partido Justicialista, alegando que cuando “los resultados no son los esperados, se debe actuar en tal sentido”. Sin embargo, dejó en manos de su principal aliado político Daniel Scioli la dirección partidaria, y se retiró a operar con “mayor libertad” de cara a las elecciones presidenciales del 2011.
Independientemente de los matices que puedan existir, las elecciones significaron para Néstor Kirchner y el oficialismo una rotunda derrota. En el ya socavado sistema democrático argentino, lo rescatable es que el pueblo se pronunció y no retroalimentó el afán del matrimonio Kirchner Fernández. Por lo demás, el futuro no parece en absoluto claro para Argentina. Habida cuenta de la intransigencia que ha mostrado Cristina Fernández para ejercer su mandato – aún contando con mayoría parlamentaria –, este nuevo contexto pone de relieve un problema altamente complejo.
En síntesis, no hay duda que el matrimonio Kirchner adelantó las elecciones apostando a ganador, y no sólo perdió el control parlamentario, sino que puso en tela de juicio la continuidad de su poder político. En un escenario optimista, los resultados de las elecciones favorecerán el intercambio político, y dejarán que Argentina comience a recomponer su menoscabado aparato institucional. De lo contrario, Argentina enfrentará una radicalización política que, lejos de contribuir con su recuperación, favorecerá la vaguedad e inconsistencia que ha adquirido su contexto social.

Nuevo desafío para la izquierda latinoamericana

El 1º de junio de 2009 ha quedado en la historia de El Salvador ya que ese día asumió, por primera vez en ciento ochenta años de vida de la nación, un presidente de izquierda.
El periodista Mauricio Funes, candidato del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue el vencedor en los comicios del 15 de marzo de este año. Luego de tres intentos fallidos, El FMLN logró vencer a sus contrincantes conservadores del partido Alianza Republicana Nacionalista, más conocido como ARENA. Con el 51% de los votos, Funes se convirtió en el presidente de un país centroamericano que posee casi unos seis millones de habitantes.

Funes asumió en la jornada de ayer un desafío de grandes dimensiones. El Salvador, al igual que muchos otros países de América Latina, posee graves problemas en materia de salud, desarrollo social y seguridad pública. A todos estos inconvenientes se les suma la actual crisis económica en la que esta inmersa la mayoría de los países del mundo. La economía salvadoreña es muy dependiente de los Estados Unidos ya que la mitad del comercio exterior de dicho país es con los norteamericanos. Además, las remesas provenientes desde el norte poseen un peso importante en el PBI salvadoreño ya que se estima que el número es de alrededor del 20%. La población de este pequeño país se caracteriza por su juventud, casi el 35% de la misma se encuentra en la franja etaria de 5 a 19 años. Asimismo, se habla de medio millón de niños sin escuela. Otros números impactantes son los que refieren a la violencia, se considera que es uno de los países más violentos de América Latina ya que se perpetúan doce homicidios por día. Datos que brinda la CEPAL muestran que un 47.5% de la población vive en la pobreza y un 19% en la extrema pobreza, números que asustan.

Mauricio Funes tiene 49 años y es un periodista nacido en la capital del país, San Salvador. Fue el candidato por el FMLN, partido político que surge en la década del 80 como un organismo que coordinaba diversos grupos que participaron en la guerra civil durante el período 1980/92. El nuevo mandatario ha querido marcar cierta distancia con el pasado al asegurar que asume la presidencia haciendo un llamado a la unión nacional, sin odio y sin resentimiento. Acusando a los gobernantes del pasado por el deterioro generalizado del país, Funes afirmó en su discurso de asunción que la responsabilidad de la situación no es del pueblo salvadoreño sino de los dirigentes que han estado hasta hoy en el poder. Saber a quién echar las culpas exige un trabajo más pormenorizado del tema, lo que si no quedan dudas es que los números no mienten y que el pueblo salvadoreño esta sumergido en la pobreza y por algo es.

Lo que está claro es que la población de El Salvador ya se expresó y opto por un cambio de rumbo en la política y brindarle una oportunidad a nuevos dirigentes. El que deberá optar a partir de hoy es Mauricio Funes, me refiero a escoger entre que izquierda seguir, si la populista de Chávez o la progresista de Lula. Al parecer se inclinará por el segundo camino y por un cambio dentro de los límites democráticos. Deberá demostrar Funes que el modelo de Lula (al cual aludió en sus discursos), Vázquez y Bachelet entre otros, es aplicable a este pequeño país. ¿Podrá combinar políticas sociales con una estabilidad macroeconómica y con un modelo creíble, en un país azotado por la violencia y la pobreza? La respuesta no la sabemos. Tendrá cinco años para demostrar cual es el camino que eligió, ojala que sea un cambio democrático y a la vez que revolucione un país que sin lugar a dudas necesitaba un cambio.